La hipótesis de la ciudadanía permanente y la corrupción


Cuando analizamos el modelo cívico, base de todas las construcciones acerca de la participación ciudadana, encontramos que éste se encuentra sostenido por dos pilares fundamentales para su sustento: una definición muy característica de lo público; y un actor exclusivo en su trama: el ciudadano.

Pero, ¿qué entendemos por lo público? "La idea del espacio público es la de un conjunto de mecanismos para tratar con los problemas colectivos: lo público es, por así decirlo, una solución inevitable, casi espontánea, de los problemas que supone la coexistencia pacífica". Dicho así, todavía no tenemos muchas certezas acerca de lo que queremos decir cuando mencionamos lo público. Tal vez buscando en los orígenes de este concepto podremos arrojar luz sobre la cuestión.

Buceando en el Ancien Regime europeo, vemos que no existía un espacio claro, distinto, específico, que se caracterizara como lo público. No había una separación tajante entre la vida privada de las personas y lo que se conoce como actuación pública. Haciendo semiología de la imagen y de lo actitudinal, todo lo relacionado con los individuos eran signos de un orden social claramente establecido: las vestimentas, las residencias, la forma de comportarse, acciones típicamente privadas para nosotros, significaban entonces notas de una escala jerárquica reconocida públicamente. Con el paso de los siglos se produce una especie de decantación histórica y comienza a reconocerse el espacio privado como algo separado y distinto al poder del Estado, con un ámbito moral diferente. Durante la Edad Media, los complejos vínculos de linaje y vasallaje servían para dar contención a las personas en aquellos puntos que excedían a la tarea del Estado. Allí surgía un mundo no catalogable con los conceptos modernos de público y privado. Pero con el crecimiento del Estado, estas formas hijas de la tradición fueron perdiendo utilidad y los individuos comenzaron a nuclearse en torno a grupos más pequeños. Aparece aquí un nuevo elemento que dio apoyo a esta nueva forma de socialidad, que enseñó a las personas a hacer su fortuna fuera de la tutela de la comunidad y de los señores: el mercado.

¿Qué intentamos señalar con este viaje histórico? Simplemente, que lo público del modelo cívico conlleva una estructura individualista, hija del mercado. Este espacio público, de raíz liberal, ha sido modelado por los individuos que han creado el mercado. ¿Y quien habita este nuevo espacio público? La respuesta sonará conocida: el ciudadano, que antes de cualquier otra cosa, es una persona: hombre o mujer, y como tal, está antes de cualquier creación corporativa o jerárquica. Este último señalamiento viene a transformar toda la trama de las relaciones políticas: surge el contractualismo, porque al encontrarnos con un conjunto de individuos sin relación jerárquica, "la construcción de un poder por encima de ellos no puede justificarse más que suponiendo el consentimiento común de los miembros de la asociación", al decir de Dumont. En consecuencia, ahora al gobierno le toca la tarea de proteger los derechos de los individuos.

Este actor individual, por cuyos derechos debe velar el gobierno, es como una figura de dos caras: por un lado es individuo, que en lo privado vela por su interés particular, y por el otro, ciudadano, responsable y solidario en lo público. "Sin embargo”, dice Escalante Gonzalbo,”las instituciones políticas están construidas sobre la hipótesis de la ciudadanía como condición permanente, como disposición moral genérica. Esto trae, inevitablemente, problemas, porque hay un conflicto ineludible entre los intereses individuales - egoístas, urgentes, limitados- y los intereses comunes”. Esta tensión es vivida a diario por individuos-ciudadanos anónimos, representantes electos, funcionarios públicos: están obligados a atender sus propias necesidades y a vigilar, el mismo tiempo, el bien común: esta construcción supone un ser responsable y moderado en lo público y austero en lo privado. Y como seres humanos que son, falibles y tentables, con un pie en el Cielo y otro en el Infierno, no siempre mantienen la balanza equilibrada.

Ahora bien: somos ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe. No estamos influidos por la visión calvinista, que reforzó el individualismo y favoreció la ciudadanía desde la sociedad; tampoco tenemos resabios del protestantismo luterano, que en la línea de San Agustín y Platón, aceptan la autoridad y el fuerte nacionalismo. Seguimos, más bien, una tradición católica ibérica, que, con una orientación aristótelico-tomista, hace predominar el todo por sobre el individuo y caracteriza al Estado como promotor del bien común. Esta tradición privilegia al Estado por sobre el ciudadano, reduciendo a este último al papel de obediente colaborador. Es este el sentido que tomaron las cartas fundacionales de nuestros países y que, mediante diversas reformas, se trata hoy de revertir.

Después de haber presentado al ciudadano de nuestra región, cabe que nos preguntemos: ¿de dónde surge nuestro modelo cívico? Básicamente, es una combinación de tres tradiciones bien diferentes: la tradición republicana, la tradición liberal y la tradición democrática, cuya interacción provoca no pocos conflictos y dilemas.

El modelo que sigue la tradición republicana tiene su origen en la Roma clásica y en ella, la vida pública tiene un valor y una moralidad propios. El énfasis es puesto en la virtud de los ciudadanos y en la firme convicción de que existe un bien común público que está por encima de los intereses que persiguen los particulares; dice Escalante Gonzalbo que "supone una inequívoca superioridad moral del interés público sobre los privados". Así lo dice claramente la constitución argentina dice en su artículo diecinueve: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados".

En el caso de la tradición liberal, el acento es puesto en las garantías individuales, en la tolerancia y en el orden jurídico. Es la inversa de los valores sustentados por la tradición republicana: el fundamento de la moral pública es el respeto al individuo. También este principio es recogido en la constitución argentina, como puede verse en los garantistas artículos dieciocho y diecinueve: "Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita emanada de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice"; "Ningún habitante de la Nación será obligado a h hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe". La tolerancia podemos hallarla reflejada en el artículo dieciséis: "La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay en ella fueron personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley..."

Finalmente, la tradición democrática hace de la participación, la justicia y el autogobierno su señal distintiva. También encontramos estos tres principios reflejados en la constitución argentina: la justicia se encuentra resguardada en varios artículos, como el ciento nueve, que dice que "en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas". Por su parte, los artículos ciento veintiuno al ciento veintinueve se refieren en cierto modo al autogobierno, asegurando el poder constituyente de segundo grado de las provincias y las autonomías municipales, entre otros derechos. Finalmente, en el artículo 42, la participación comienza a ser esbozada, pero referida a usuarios y consumidores; en ninguna parte del artículo se menciona la palabra ciudadano y sí se repite tres veces consumidores y usuarios.

El modelo cívico, que es la base de las construcciones acerca de la participación ciudadana, reúne, como creación histórica, en un solo ente, las tres tradiciones y allí podemos encontrar un terreno fértil para la confusión entre bienes públicos y bolsillos privados.

Habiendo esbozado el tema de la moral pública en el modelo cívico, veamos ahora cómo se dota de una estructura formal al concepto de moral pública, es decir, cómo la sociedad decide dar forma normativa a determinados valores.

Las relaciones sociales se estructuran simbólicamente, lo que significa que los hombres acuden a símbolos en torno a los cuales se nuclean; así, el himno, la bandera, el escudo, la escarapela, son símbolos en torno a los cuales se construye la noción de nacionalidad. Estos imaginarios sociales son formas míticas que fueron creadas para ayudar a la construcción de sentido, porque los hombres necesitan establecer un sentido y un orden en su devenir. Este orden simbólico se organiza en forma de discurso y la lógica de la matriz simbólica-discursiva es la base de la representación que el grupo comunitario hace de sí mismo. En este sentido, las leyes que se dictan en los países son formas míticas, necesarias para la construcción de sentido que ayude a eliminar la incertidumbre.

El problema se presenta cuando las formas míticas que hemos adoptado se desgastan y comienzan a desacreditarse: es entonces cuando la matriz simbólico-discursiva ya no sirve al grupo para representarse a sí mismo. Cuando las normas morales de una sociedad ya no identifican al grupo y, en consecuencia, tampoco sus formas míticas, éste las deja de lado, pero debemos tener en cuenta que esto no sucede de un día para el otro. Lo social es un proceso y la construcción y deconstrucción de normas también lo es. La construcción de un nuevo sentido que se plasme en una nueva matriz simbólico-discursiva depende del rango de resistencia a la incertidumbre de la comunidad, que terminará traduciéndose en formas efectivas de regulación de la vida colectiva.

Mientras tanto, hasta que no se de ese proceso espontáneo de creación de nuevas formas míticas, la sociedad echará mano a códigos prácticos que las reemplacen.


Dicho sencillamente, nos encontramos con una sociedad anómica, que incumple las leyes porque ya no se siente identificada con el sistema normativo.

Fuente de la imagen: http://economiaparatodos.net/