Todos los días reviso infinitos boletines electrónicos buscando nuevas aplicaciones y desarrollos que me ayuden a simplificar mi trabajo y optimizar resultados. También trato de buscar la manera de leer el material virtual desde la computadora, para no tener que imprimir. Trato de no imprimir, porque me duele en el alma pensar en lo que estamos haciendo con el medio ambiente y una hojita más en la impresora es una hojita menos en un bosque.
Así, descubrí dos aplicaciones que ya son para mí de uso diario: Diigo y Foxit.
Diigo (http://www.diigo.com) puede utilizarse como una extensión del navegador (yo la uso en Chrome) que sirve para guardar bookmarks y (lo más importante para mí) permite resaltar texto de la página web en la que estemos navegando, además de poder colocar "notitas autoadhesivas" si deseamos colocar algún comentario en la página. También podemos compartirla con otros usuarios. De este modo, ya no necesito imprimir para leer, subrayar y hacer comentarios: lo hago desde la compu!
Foxit Reader (http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/) es un programa para leer pdf, con el que podemos subrayar, pegar notas, escribir comentarios y demás. Otra solución que evita que imprima los pdf cuando quiero subrayarlos y anotar en ellos.
Es cuestión de acostumbrarse. De formar hábitos. Cada vez llevo menos cosas conmigo: en la netbook viaja todo mi material y no necesito estar llevando papeles por todas partes. Ya hablaremos de la utilidad de tener cosas "en la nube" y de aprovechar todo lo que se encuentra en la web para no estar instalando cosas todo el tiempo. Pero hoy, sentí la necesidad de contarles lo útiles que resultan para mí Diigo y Foxit.


En el blog El Derecho Informático, se informa que el 28 de enero de 2011 la Corte Suprema de Chile emitió sentencia ordenando dar de baja imagenes de menores que fuerono publicadas por un grupo de Facebook. Dichos menores habían sido retratados mientras se producían saqueos luego del terremoto que afectara a Chile. El blog informa que el fallo se publica gracias a la colaboración de Diana Parra Silva (@dianaparrasilva)

Texto completo del fallo:

Santiago, veintiocho de enero de dos mil once.

Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos segundo a sexto, que se eliminan. Y se tiene en su lugar presente:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que en la especie ha acudido a sede jurisdiccional por la presente vía doña Noelia Antonieta Araneda Velásquez, por los menores Nicolás Alexis Albornoz Araneda y Martín Vicente Moreno Jorquera, de 14 y 13 años, respectivamente, y en contra de doña Claudia Andrea Garrido Roca, quien procedió a agregar una página de facebook denominada ?Castigo para todas esas personas que robaron en el Bigger de Yungay?, una fotografía en la cual aparecen los menores mencionados ubicados en un lugar correspondiente a la salida del referido Supermercado con un carro lleno de mercadería, lo que motivó que se les atribuyera participación en los saqueos ocurridos post terremoto y dio origen a una serie de comentarios injuriosos y amenazantes en contra de los menores, lo que conculca las garantías constitucionales a que se refieren los números 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. A fs. 11 deduce igual acción en contra de Maritza Odette Jara y de María Teresa Cuevas, en calidad de co-administradoras del mismo sitio, siendo las que permitieron subir la fotografía. A fs. 50 recurre en iguales términos en contra de Emilio José Castro Baeza, Víctor Adolfo Tapia Villa, Rodrigo Córdova Flores, Luis Silva Mieres, Elías Ulloa Vega y Fernando Cofré Monsalve, quienes han expresado en el grupo del portal dichos que afectan las garantías constitucionales de sus representados. A fs. 68 dirige la acción en contra de Oscar Enrique Monroy Cid y Emilio José Castro Baeza, quienes a través de sus comentarios, además, han proferido amenazas en contra de los menores.

Tercero: Que, a su vez, los recurridos al informar el recurso argumentaron ?en síntesis- que son miembros con más de mil personas más de la página web en que se exhibe la fotografía cuestionada. La recurrida Garrido Roca agrega que tomó la foto en un lugar público y su contexto es grupal y que la subió al sitio sólo para informar la conmoción que sufría Yungay, lo que es compartido por los demás recurridos en sus respectivos informes, estimando que no han conculcado las garantías constitucionales de los menores a favor de quienes se deduce la acción.

Cuarto: Que a fin de resolver el recurso se debe tener presente que el artículo 40 de la Convención sobre Derechos del Niño y Adolescente, suscrita por nuestro país en el año 1990 establece :? 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. 2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron; b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa; iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales; iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad; v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley; vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado; vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.? A su vez, el artículo 2° del estatuto contenido en la Ley N° 20. 084, que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes por infracciones a la ley penal dispone que: ?En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos?. Y agrega en su inciso segundo: ?En la aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Quinto: Que la finalidad de tales normas no es otra que proteger la integridad física y psicológica de los menores, aún cuando estos se encuentren en situaciones en que se les atribuya alguna conducta que constituya infracción penal, hasta que su responsabilidad sea establecida por Tribunal competente.

Sexto: Que, en la especie, los recurridos no han negado el haber realizado la conducta que se les reprocha, aduciendo sólo que su conducta fue motivada por el afán de informar a la comunidad lo ocurrido en Yungay.

Séptimo: Que del mérito de los antecedentes allegados al recurso aparece que el actuar de los recurridos motivó que, a los menores a favor de quienes se recurre, se les atribuyera participación en los saqueos del supermercado Bigger de Yungay y se efectuaran, a través de la página de Internet señalada, una serie de comentarios y agresiones hacia ellos, siendo algunos de carácter amenazante e injurioso, tal como sostiene la recurrente, situación que además de ser advertida por los recurridos, fue fomentada por éstos a través de sus propios comentarios en la red.

Octavo: Que el actuar de los recurridos en los términos que se ha expresado, resulta ilegal y arbitrario, pues por un lado atenta en contra de las normas legales citadas y por otro aparece como apartado de la razón el aceptar, compartir y no impedir, pudiendo hacerlo, el escrutinio público al cual fueron sometidos los menores, lo que ha afectado las garantías constitucionales que los números 1° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República les aseguran. Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre Tramitación del Recurso de Protección, se revoca la sentencia apelada de veintitrés de noviembre de dos mil diez, escrita a fs. 208 vta., y se acoge el recurso de protección deducido a fs. 14, sólo en cuanto se ordena a los recurridos eliminar la fotografía en que aparecen los menores por los que se deduce la presente acción, de la sección de fotografías del grupo de faceboock "Castigo para todas esas personas que robaron el Bigger en Yungay",

agregada con fecha 6 de marzo de 2010 y eliminar los comentarios referidos a ella.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo de la Ministro señora Araneda.

Rol N° 9301-2010. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Carlos Künsemüller y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos.

No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Ministro señor Künsemüller por estar con permiso.

Santiago, 28 de enero de 2011.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintiocho de enero de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Link a la fuente: Fallo contra grupo de Facebook - Corte Suprema de Chile

La administración pública es el canal donde se patentiza la política. Es aquí donde el poder político se vincula con el ciudadano y se exhiben las políticas públicas. Ahora bien, ¿cómo se vincula, en concreto, la administración pública con el ciudadano? ¿cuáles son los canales?

Existen programas en los que se busca vincular al ciudadano con los organismos del Estado; tal es el caso del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano (Decreto 229/2000). La Carta es “un documento público firmado por el organismo adherente, en el que la entidad explicita ante los ciudadanos su misión y objetivos, los derechos y obligaciones de los usuarios o beneficiarios con relación a los servicios que presta el organismo, la forma de acceder a ellos y la calidad esperable de los mismos. También incorpora los compromisos de mejora a implementar en el futuro, especificando plazos de ejecución, estándares de calidad para el sistema de información y comunicación y los mecanismos de participación ciudadana.”

Estos programas (que en su parte dinámica son un set de herramientas de relevamiento de información y participación muy acotada del ciudadano), para que sean útiles y eficientes, deben ser modernizados y puestos al día al ritmo del avance de las nuevas tecnologías. También deben ser adaptados a las realidades de las distintas regiones y provincias, que presentan características diferentes por razones geográficas y culturales.

Para optimizar los canales de vinculación entre el Estado y el ciudadano (que sirven para relevar necesidades y satisfacerlas, escuchando al receptor de los servicios), es necesario focalizar en tres puntos principales: servicio público, servidores públicos y participación del ciudadano.
1. Respecto del servicio público que se brinda, se debe trabajar en:
1.1. Relevamiento del estado de situación
1.2. Diagnóstico
1.3. Propuesta de optimización
2. Respecto de los empleados y funcionarios que brindan el servicio público (los servidores públicos), es necesario focalizar en:
2.1. Sensibilización
2.2. Facilitación
2.3. Capacitación
3. Respecto de la participación del ciudadano, es fundamental considerar que el mismo no es un ente abstracto y que distintos ciudadanos suponen distintas modalidades de participación. No todos desean participar y si lo hacen, es en diferentes grados e involucramientos. Es necesario tener en cuenta este punto para establecer una comunicación efectiva y enfocar los esfuerzos de manera óptima.-